Bagua: denuncian a policía por presunta extorsión a prestamista con S/ 5 mil

Ciudadano asegura que suboficial lo presionó con supuestas pruebas de venta de drogas.

Un caso de presunta extorsión ha generado alarma en la provincia de Bagua, región Amazonas. El prestamista local denunció al suboficial Daniel Pérez Reyes, quien trabaja en la comisaría del distrito de Copallín, por intentar obtener 5 mil soles mediante amenazas vinculadas a una supuesta investigación por venta de drogas.

Los hechos se remontan al pasado 30 de octubre, cuando el denunciante, dedicado al préstamo de dinero en pequeñas cantidades, fue alertado por el policía sobre una carpeta de investigación de la policía de drogas de Chachapoyas, que lo involucraba en la comercialización de estupefacientes.

Ante esto, Pérez Reyes citó al prestamista en el cruce La Chivera, descendiendo de un vehículo Yaris color plomo con lunas polarizadas, para indicarle que tenía pruebas fotográficas y videos de la supuesta venta de drogas. El prestamista negó las acusaciones y decidió retirarse.

Segundo intento de extorsión y negociación fallida

El 1 de noviembre, el policía volvió a citar al ciudadano, esta vez al costado del grifo San Martín de Bagua, en un lavadero. Allí realizó una llamada, supuestamente a sus colegas, afirmando que debía “matar la investigación” a cambio de 5 mil soles. Desconcertado y para evitar una detención falsa, el prestamista ofreció 1 mil soles y solicitó ver la foto que supuestamente lo incriminaba. Los policías no aceptaron y finalmente pidieron 2 mil soles, pero el denunciante se retiró sin entregar dinero.

Horas después, recibió otra llamada indicando que aceptaban el monto de 1 mil soles, lo que motivó que el ciudadano denunciara formalmente los hechos en la comisaría local. La denuncia busca esclarecer si existe una banda de extorsionadores dentro de la Policía o si el suboficial actuó de manera individual.

Investigación y repercusión en Bagua

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para garantizar que se respeten los derechos del denunciante y sancionar cualquier actuación ilegal. Este tipo de casos afecta la confianza de los ciudadanos en la policía y genera alarma entre comerciantes y prestamistas locales.